Tal vez vaya a decir cosas que no le van a gustar a nadie. Y bueno, tengo espalda para que se me enojen los amigos de todos los costados.
En estos días las empresas de transporte colectivo de “área metropolitana” han decidido reducir sus servicios debido a retrasos en recibir los subsidios de parte del gobierno nacional. Es decir que, las empresas (no los usuarios, ni los empleados de las empresas), necesitan ayuda del estado para poder brindar sus servicios. Servicios que, día a día, son peores.
Esta noticia, que puede ser transitoria, me ha hecho pensar que, de una manera u otra todos los argentinos (o la gran mayoría) somos “planeros”, calificativo despectivo utilizado para designar a las personas beneficiarias de algún tipo de apoyo económico de parte del estado en los últimos veinte años. Siempre recuerdo a los amigos influenciados por la prédica de algunos comunicadores (¿o incomunicadores?), que el primer plan social de que se tenga memoria o registro, fue instituido por el Dios de Israel para ayudar a su pueblo peregrino por el desierto a subsistir hasta llegar a la “tierra prometida”. Una sociedad no es una empresa en que, el que no produce, queda afuera. En una sociedad deben estar todos “adentro”, entonces, si no hay capacidad para que cada cual viva de su trabajo, habrá que asistirlo hasta que esté en condiciones de valerse por sí mismo. Esto ya lo hacían los atenienses (que no eran peronistas) con las comidas comunitarias o Margareth Thatcher (que no era radical ni socialista) con los seguros de desempleo.
El tema es que estamos en una sociedad “subsidiada” por todos lados, sobre todo en el “área metropolitana”. Se subsidian a los empresarios del transporte, a los desocupados o subocupados, a los consumidores de gas natural o luz eléctrica. Se subsidia a las empresas haciendo la vista gorda para que tengan personal sin registrar o facturando como monotributistas. El propio estado, en todos sus niveles tiene empleadas que “facturan” en vez de recibir un salario, es decir están en una relación de dependencia disfrazada, evadiendo aportes y beneficios.
Con todas estas irregularidades, con tal vez más de la mitad de la economía funcionando de manera clandestina (y “aportando” a las cajas mafiosas de la corrupción para poder hacerlo), con una inacción terrible de organismos como la Aduana que no controla las entradas y salidas de bienes (y ni hablemos del tráfico de sustancias ilegales o de personas que son temas mucho más graves). Con todo este panorama, el estado funciona, mal, pero funciona. Esto quiere decir que si cada cual cumpliera su deber y no hubiera actividad económica clandestina el nivel de recaudación genuina sería enorme. No se resolverían muchos problemas de fondo pero el sistema sanitario no estaría en crisis, el sistema jubilatorio no estaría quebrado, los trabajadores ganarían lo que dicen sus convenios colectivos de trabajo y gozarían el derecho a protección sanitaria y no haría falta que las empresas de transporte estén subvencionadas para sostener un precio de servicios desactualizado. El gas y la luz podrían tener el precio que deben tener. La educación pública podría resurgir y dejar de ser un gran comedor comunitario.
Hay miles de problemas estructurales que resolver, estas reflexiones no pretenden negarlos, solamente poner blanco sobre negro una actitud de necesario sentido común.
No creo estar planteando una revolución, ningún cambio de estructuras. Simplemente que el juez juzgue, que el legislador legisle y que el gobernante gobierne.
Lamento, como plantea el periodista Enrique Vázquez, no tener casi ninguna esperanza de que estos puntos, muy básicos y sencillos, puedan ser resueltos porque ningún actor de los que presenta “el mercado político” actual ofrece la más mínima garantía de racionalidad y honestidad intelectual (y de la otra casi tampoco).
Así y todo, quienes tenemos la bendición de trabajar cada día, seguiremos haciéndolo y sembrando semillas de esperanza para forzar a un inevitable amanecer.
