El descubrimiento del petróleo argentino en 1907 dió origen a una política nacional sobre los yacimientos; el presidente conservador José Figueroa Alcorta decretó la creación de una Reserva estatal sobre los mismos utilizando para ello la Ley de Tierras. Luego Roque Saenz Peña, a instancias de su Ministro de Marina Saenz Valiente creó en 1912 la Dirección General de Explotación de Petróleo de Comodoro Rivadavia. Al frente de esta repartición el Ing. Luis Huergo denunció en 1913 las maniobras de la Standard Oil tendientes a impedir la explotación estatal, mediante la obtención de concesiones sindicalizadas e inoperantes temporariamente, que abarcaban gran parte del territorio nacional y la casi totalidad de los territorios nacionales, en especial la Patagonia. Las maniobras para extranjerizar la extracción y explotación de nuestro petróleo fueron revertidas por el presidente radical Hipólito Yrigoyen, a quien debe reconocerse además como autor estratégico de una política petrolera con sentido nacional y estatal, circunstancia que se puso de manifiesto en la decisión de fundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 1922 casi sobre el final de su mandato.
Es que Yrigoyen fue el primer presidente en comprender en su real significado la trascendencia de la cuestión sobre el manejo petrolero y, especialmente, la importancia de su explotación exclusiva y soberana por parte del Estado Nacional, en cuanto a la captura de las rentas derivadas y su inversión en pos de la elevación del nivel de vida de los desposeídos, el crecimiento industrial con su paralela ruptura del modelo de la dependencia no competitiva vigente hasta entonces y la ocupación efectiva del territorio nacional en base a la explotación integral de los hidrocarburos.Sostenía Yrigoyen que “A fin de evitar que se repita lo ocurrido con el suelo fiscal y conservar los beneficios del petróleo para el pueblo de la República, es menester organizar un régimen legal que consulte las exigencias del interés de la Nación, poniendo en manos del Estado el dominio efectivo de los yacimientos petrolíferos y confiriéndole el monopolio de su explotación y comercialización”.
Interesa señalar que los lineamientos de política energética enunciados por Yrigoyen siguen vigentes en la mayoría de los países del mundo; ya que como se sabe, el petróleo es un bien estratégico vinculado a los intereses vitales de las naciones.
La acción de Yrigoyen, de su continuador en la presidencia Marcelo T. de Alvear y del coronel ingeniero Enrique Mosconi el primer director de YPF permitieron que el 1º de agosto de 1929 se concretara la toma del mercado de los combustibles líquidos. Fue la culminación de un sueño soberano. Mosconi afirmaba: “El 1º de agosto de 1929 es una fecha memorable en la organización económica de la Argentina y por ende de la América del Sud”…”Un siglo antes se inició en el Plata el proceso de la independencia política de América Latina, en aquella campaña heroica que hizo sus primeras armas en San Lorenzo, tomó cuerpo en Chacabuco y Maipú y, luego de pasar por Lima, termina en Junín y Ayacucho, cerrando allí el período de dominación de España en el Nuevo Mundo. Pues bien, a semejanza de aquel gran movimiento continental que dio independencia política a nuestro continente, se encuentra en marcha el movimiento queterminará conquistando la independencia económica para nuestra América”…”El primer capítulo tiene realización feliz en Buenos Aires el 1º de agosto de 1929, fecha en que nuestro país rompe los trusts petrolíferos que hasta entonces impusieron sus exigencias y da a la América Latina el ejemplo y el impulso inicial del movimiento que se ha transmitido a algunos países hermanos, México, Colombia y Uruguay, entre ellos y que se propagará irremisiblemente a los demás pueblos de nuestra raza, hasta el establecimiento de la independencia integral de Sud América. Esta visión no encuentra fantasía ni ultra optimismo como parecía en el año 1922, cuando anunciamos que en nuestro país abatiríamos los trusts, proyecto que se imaginó fantástico pero que fue realidad magnífica siete años después”….”desde el 1º de agosto de 1929, fecha en que los trusts inglés y norteamericano quedan definitivamente rotos en nuestro país, los habitante de la República no sufren más imposiciones que las emanadas de su propio gobierno que decide libre de ingerencias extrañas en todo lo relativo al combustible líquido y empiezan a volcarse tierra adentro los millones que hasta entonces tomaban el camino del mar”…”La República Argentina se ve libre de todo peligro y acechanza que pudiera perturbarla o detenerla en su marcha a su futuro engrandecimiento y bienestar”. Quedaba pendiente la segunda parte del Plan de Yrigoyen y Mosconi: la nacionalización del petróleo y la expulsión definitiva de los trusts internacionales; no cuesta mucho entender la injerencia de las petroleras privadas extranjeras en el golpe del 6 de septiembre de 1930.La Ley de Nacionalización que no pudieron conseguir Yrigoyen y Alvear se plasmó en el artículo. 40 de la Constitución Nacional de 1949. El autor del mencionado artículo fue el miembro informante de la mayoría de la Comisión Revisora de la Constitución Arturo Sampay, destacado constitucionalista, a quien junto con el Presidente de la Convención –y también Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Domingo Mercante- se debe su inclusión. “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación…”. Decía Sampay: “No puedo menos que recordar con emoción a aquel gobernante argentino, Hipólito Yrigoyen, que pocos meses antes de su derrocamiento decía `que el subsuelo mineral de la República no puede ni debe ser objeto de otras explotaciones que las de la Nación misma`.
Esos lineamientos trascendieron las diferencias partidistas a través de varias décadas en la República Argentina hasta el advenimiento de la gestión peronista de Carlos Menem y desde entonces han continuado casi sin interrupción hasta la decisión presidencial anunciada ayer por Cristina Fernández al intervenir la empresa cuyo paquete accionario mayoritario detenta una empresa privada española y enviar un proyecto de ley al Congreso para recuperar YPF y la renta hidrocarburífera para la nación.
La existencia de una YPF nacional estatal le permitió a la Argentina lograr no solamente un cierto grado de desarrollo económico y equidad social, sino también construir hasta 1989 la casi totalidad de la infraestructura energética –reservas, ductos troncales y auxiliares, represas hidroeléctricas- y vial y la colonización de zonas desérticas como la Patagonia, a la par que permitían el financiamiento de los servicios públicos esenciales, tales como electricidad y transporte. A todo eso renunció nuestro país a partir de la implementación de una política privatista a ultranza desde los años 90, cuyos efectos nocivos al interés nacional pueden empezar a ser revertidos a partir de una decisión política acertada del gobierno que merece el consenso generalizado de las fuerzas políticas populares y democráticas argentinas.
*El autor es abogado, historiador y vicepresidente del Instituto Nacional Yrigoyeneano Ley 26040
de Diego Barovero, el Martes, 17 de abril de 2012 a la(s) 18:18 · Subido a Facebook por "UCR Modeso", muchas gracias.
